Impulsar la contratación pública sostenible en un método eficaz para la promoción de productos y servicios que sean respetuosos con el entorno, fomentando la innovación de soluciones que sean ambientalmente correctas y socialmente justas.
Reconociendo el potencial de la contratación pública como instrumento de política social y medioambiental, la Unión Europea incorporó la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, la integración de aspectos sociales y ambientales en los procesos licitatorios.
En el ámbito internacional, en 2006, se estableció en grupo de trabajo del Proceso de Marrakech sobre compra sostenible con el objetivo de definir requisitos para la contratación pública sostenible en todo el mundo, a la vez reconociendo las particularidades de cada región.
En 2007, en España, entró en vigor la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. En esta ocasión, ya estaba incluida la consideración de mecanismos de carácter social y medioambiental en los procesos de contratación pública.
El artículo 70 de dicha legislación declara que los órganos de contratación pueden exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, que acrediten el cumplimiento de determinadas normas de gestión medioambiental.
En 2011 fue aprobada la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, con el objetivo de que las empresas orienten sus actividades hacia actividades con potencial de crecimiento a largo plazo, generando empleos sostenibles.
El Título III de la Ley está enfocado en los ámbitos relacionados con la sostenibilidad ambiental (tratando en especial del modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y movilidad sostenible, y, especialmente relevante en el caso español, el impulso del sector de la vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación).
La regulación relacionada con la contratación pública reconoce su papel en materia de sostenibilidad, favoreciendo a aquellos que estén empeñados en mejorar sus procesos y que usen la sostenibilidad como estrategia empresarial, cumpliendo con las ODS.
Los criterios ambientales y sociales serían sumados a los principios y criterios ya practicados en la contratación pública: concurrencia, igualdad de trato, presupuesto, que cuenten con criterios de adjudicación, que evalúen las especificaciones técnicas y las condiciones de ejecución de los servicios, que cuenten con sistemas de calidad.
Asimismo, para lograr una contratación pública sostenible es importante también el análisis de los materiales utilizados en los productos, que los electrónicos cuenten con una eficiencia energética y una vida útil larga, en detrimento de los productos con obsolescencia programada, que los alimentos sean procedentes de agricultura ecológica y que los vehículos sean eléctricos.
Se promoverá empresas que cuenten con algún sistema de certificación ambiental, de preferencia Ecolabel, que disponga de un sistema de gestión ambiental adherido al Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria (EMAS), además, considerar criterios sociales cómo que los trabajadores tengan calidad de vida, que cuenten con igualdad de género dentro de la empresa y que incluyan a las personas vulnerables entre sus colaboradores.
Es común que surjan dudas respecto a las cuestiones prácticas y jurídicas que se planteen respecto a los criterios ambientales y sociales relacionados con la contratación pública. Desde MEDISOA ofrecemos servicios para las administraciones públicas relacionados con los pliegos de contratación pública (definición de requisitos, redacción de mecanismos de contratación con criterios ambientales y control de cumplimiento).
Por otro lado, también trabajamos con la mejora de los procesos internos dentro de las empresas, utilizando la sostenibilidad como estrategia empresarial, junto con la emisión de certificaciones, para presentar los esfuerzos desarrollados en esta materia, fomentando el alcance de un mayor número de oportunidades, valorizando las empresas preocupadas con el impacto social y ambiental de su actividad, además de los beneficios económicos.